La Contraloría General de la República (CGR) finalmente dio a conocer ayer el resultado de la auditoría que realizó al proceso para la modernización y ampliación del Aeropuerto Silvio Pettirossi, cuyo proceso se lleva adelante bajo la Ley de Alianza Público-Privada (APP).

 

El organismo contralor, a través de una nota, recomendó a Obras Públicas cancelar el proceso; es decir, declarar desierta la licitación, principalmente porque la institución convocante no realizó un proceso de precalificación a las empresas que participaron del llamado, el cual debe hacerse obligatoriamente en este tipo de proyectos, según la CGR.

 

"La recomendación es la cancelación del proceso licitatorio, que surge básicamente de algunas situaciones que se detectaron en el análisis de las documentaciones con el trabajo de los auditores. En el proceso se omitió un procedimiento de precalificación, que es obligatoria, porque técnicamente se trata de un proceso complejo y multifuncional, que es una condición que pone la ley para obligar a la convocante a realizar una precalificación. Ellos no hicieron la precalificación y eso es lo que sostiene nuestra recomendación", explicó el contralor Enrique García, en entrevista exclusiva con ÚH.

 

Otro de los puntos que cuestionó la institución es que hubo errores en la conformación del marco normativo del llamado, específicamente para definir qué empresas podrían ser oferentes (ver facsímil), donde hubo contradicciones. En este sentido, la ley establece que no podrán ser oferentes las personas que tengan procesos judiciales solo en el país, mientras tanto en el pliego se estableció que no podían ser oferentes las empresas con incumplimiento en sus países de origen o donde operan.

 

MINIMIZAN DENUNCIA. La CGR minimizó además la denuncia que presentó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, que justamente motivó la intervención del ente contralor.

 

Es que la institución pidió una verificación más integral del proceso y no solo se basó en el reclamo de la Comisión Permanente, porque, según García, la CGR detectó que la manera en la que llegó la denuncia en cuestión "fue curiosa, donde aparecen los parlamentarios asiéndose de un reclamo particular de un oferente", en este caso de la compañía Cedicor, que fue eliminada.

 

Aseveró que si este participante tenía algún reclamo, debía impugnar el proceso pagando la garantía de 1,5 millones de dólares, como establece la ley. Dijo que por este motivo "no hay un análisis mirando las ofertas, sino que hay un análisis del proceso y, al mirar el proceso, hay una conclusión de que hay que revertir la licitación antes de entrar a ver las ofertas", aseveró.

 

Continuó: "Los señores que vinieron a presentar la denuncia son funcionarios públicos. Que se vayan a la Fiscalía y denuncien la cuestión a ese organismo. La Contraloría tiene otra función constitucional, no es pasamano de la Cámara de Senadores o de Diputados, ni de la Comisión Permanente y ni de nadie en particular", agregó.