La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Alba Cantero, decidió abrir la causa penal por supuesto cohecho pasivo y soborno, luego de la declaración de Hugo Idoyaga, ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

 

Para ello, designó a los agentes fiscales Nelson Ruiz y Yolanda Portillo. "Nosotros consideramos que como primera diligencia ya dentro de la carpeta fiscal vamos a requerir toda la información bancaria de los implicados, al igual que información sobre el cruce de llamadas telefónicas para poder determinar si cobra verosimilitud con base en lo que declararon los testigos, teniendo en cuenta que dieron horarios y días exactos", resaltó el fiscal Ruiz.

 

En tanto que Cantero indicó que, si bien las publicaciones periodísticas daban cuenta de la existencia de supuesto hecho punible (cohecho pasivo y soborno), era un dicho de un tercero. El fiscal Ruiz acotó que no se podían basar en conjeturas o hipótesis.

 

También recalcó que se van a recabar elementos a partir del supuesto soborno; es decir, que el titular del frigorífico también va a ser investigado. "Ahora tenemos dos personas que declararon en una testifical, ya contamos con elementos para la apertura de una causa penal, ahora tendrían que ser analizadas las conductas de todos los que están interviniendo, las personas que requirieron esa suma y también las que entregaron", mencionó.

 

Testifical. Idoyaga se presentó ayer ante el Ministerio Público para brindar declaración testifical y ratificó todo lo denunciado por Carlos Trapani (ex titular de la Rural), con relación al supuesto pago a los ministros Gustavo Leite (Industria y Comercio) y Luis Gneiting (Agricultura). Pero Idoyaga se retiró de la Fiscalía sin hablar con la prensa.

 

Hasta el momento, todo lo realizado por la Fiscalía era preliminar, a los efectos de recabar indicios. Ahora basándose en ambas declaraciones, el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal.

 

Según explicó el fiscal Ruiz, Idoyaga confirmó a través de su testimonial que en una oportunidad que se reunió con Jair De Lima este habría efectuado una llamada telefónica a un abogado de nombre Pedro. Habría escuchado que esta persona le señalaba que el pedido total era de USD 500.000 y que incluso ya le había entregado USD 300.000 como adelanto a Emilio Augusto Cubas Gusinky, que fungía de intermediario. El fiscal añadió que, de acuerdo con la declaración de ambos, no se llegó a pagar la totalidad.

 

Cantero afirmó que los fiscales van a analizar si llaman a declaración indagatoria a los investigados esta semana o la próxima.

 

Tres con arresto domiciliario

 

El juez Humberto Otazú decretó ayer el arresto domiciliario, más la fianza personal de 100 millones de guaraníes, para los imputados Pedro Jara Pérez, Martín Benítez y Rafael Salum Nayar Aquino, por el caso del supuesto contrabando de la carne del Frigorífico Concepción.

 

Jair De Lima pidió la desestimación del caso

 

Tras abrirse la investigación, el dueño del Frigorífico Concepción, Jair De Lima, envió al Ministerio Público una nota en la que se pone a disposición y también pide la desestimación del caso. "Niego categóricamente que haya existido de mi parte, o de parte de algún funcionario mío o representante legal o funcionario de Frigorífico Concepción SA, ofrecimiento, ni mucho menos pago de suma de dinero alguna a los señores ministros antes nombrados, o a alguna autoridad pública, o persona relacionada (pariente o amigo) a los funcionarios citados o a algún organismo del Gobierno, por lo que solicito al Ministerio Público la desestimación de la causa", expresa la nota. El abogado Pedro Ovelar dijo que desde ahora no brindarán declaraciones más allá de este texto.